La Comisión Europea ha informado de que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva comunitaria que obliga al pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental, una condición que los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales a más tardar el pasado agosto.
¿En qué se basa la directiva sobre conciliación?
Establece unos requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo. En concreto, busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores.
Una norma que entró en vigor en julio de 2019, pero el Ejecutivo comunitario dio más tiempo a los gobiernos para aplicarlo, de modo que el plazo para transponer la mayor parte de las disposiciones —que garantizan una baja parental intransferible y retribuida de manera adecuada— quedó aplazado a agosto de 2022. Ahora bien, Bruselas dejó para agosto de 2024 la medida que se refiere al pago de las dos últimas semanas.
La sanción: siete millones por no cumplir con el plazo
Según informa el Ejecutivo comunitario, España ha incumplido el plazo y por ello Bruselas inicia el expediente. Este es el primer movimiento de un proceso que puede llegar hasta el Tribunal europeo, que es el competente para dictar las sanciones en caso de incumplimiento.
El envío de una carta de emplazamiento es el primer paso formal de un expediente sancionador y da un plazo de dos meses al Gobierno para que tome las medidas necesarias que corrijan la irregularidad. Si en ese periodo no se subsana la situación, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento, que da algo más de tiempo al diálogo antes de decidir si llega a la tercera y última fase, que supone denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Veremos cómo se resuelve este expediente.
Desde BBTramit apostamos por qué se cumplan las legislaciones que velan por la igualdad de derechos e intereses entre padres y madres en lo que a cuidado de los menores se refiere.
